Los papeles vuelven a Salamanca

Como era de esperar, el Senado ha aprobado la restitución de los documentos que reclama la Generalitat de Cataluña a esta región, curiosamente un día más tarde de la aprobación del Estatuto de Cataluña. Cada día que pasa estoy más convencido de que el precio que estamos pagando los españoles por tener al actual Presidente del Gobierno es demasiado alto.

El hecho en sí tiene varias lecturas: la más importante de ellas es el principio discriminatorio que se produce con respecto a otras Comunidades Autónomas que deberían tener el mismo derecho a reclamar aquellos documentos que puedan creer que son suyos. La reflexión es simple, ¿Por qué no se aprobó una ley que permitiera devolver los documentos a todas las Comunidades Autónomas en lugar de devolvérselos únicamente a aquella Comunidad Autónoma, patria chica de un partido nacionalista que permite que el Presidente del Gobierno pueda gobernar en coalición?

No recuerdo (desde la transición) una situación de mayor crispación política entre españoles de izquierdas y de derechas. Basta con echar un vistazo a los foros de Internet para comprobar que en estos últimos meses se esta generando una agitación social de la que nuestros políticos tienen buena culpa. Hay demasiadas analogías con respecto a lo que ocurrió en determinados momentos de la II República (sólo falta que Carod proclame la Republica Catalana independiente, tal y como lo hizo Maciá). Cada día que pasa Zapatero me recuerda más a Azaña y no es, precisamente, la II República un espejo en el que mirarse por muchos motivos; el más evidente de ellos es el recuerdo de las consecuencias que produjo la convulsión social de aquellos años, que comenzó con un proceso de división entre izquierda y derecha, similar al que se está produciendo en estos días, y acabó en el Puerto de Alicante con miles de republicanos acorralados por fuerzas de la naciente Dictadura franquista.

Si muchos países se han fijado en la transición española como un modelo ejemplar en el paso de la dictadura a la democracia, no estaría de más que divulgasen todos los detalles de la Revolución de Terciopelo como un modelo ejemplar de descomposición de un país en varias naciones. Ya que estamos condenados a desintegrarnos, no estaría mal que lo hiciéramos con civilidad, y olvidando los rencores que nos han creado el recuerdo de aquel abuelo que era militar republicano y que fue fusilado en la guerra.

La paralización del Plan Hidrológico Nacional que sigue desembocando en Tortosa (mejor tirar el agua al mar, que aprovecharla para regar la huerta), el Estatuto que denomina a España como “nación de naciones” (más o menos como la Yugoslavia de Tito), la ruptura de un archivo que más que una ruptura parece un saqueo… ¿Cuál será la próxima decisión que adopte el gobierno en beneficio de unos españoles (los mismos) y en perjuicio de otros (da igual quienes sean)?

Claro que si los okupas de Jun (Granada) apelaron al borrador de una ley de la Ministra de la Vivienda para invadir un edificio yo podría apelar a esta extraña ley y
presentarme mañana en la iglesia parroquial de mi pueblo para llevarme por narices mi partida de nacimiento (documento histórico que me pertenece) y después acudir al Archivo Municipal de Murcia y llevarme todos los padrones en los que aparezcan mis antepasados (que también me pertenecen) ¿o va a resultar que todos no somos iguales? Va a ser que no

Maciá murió de éxito, me pregunto si el final de Carod tendrá circunstancias similares